Con este reconocimiento explícito, planteado por el CERMI e incorporado al texto de la iniciativa, se otorga carta de naturaleza legal a la posición activa que las personas con discapacidad deben tener en las actividades de voluntariado, superando concepciones antiguas en las que las personas con discapacidad solo eran destinarias de la acción voluntaria de otras, pero no agentes.

 

Así, en el artículo 9 del anteproyecto de Ley, dedicado a la regulación de las personas voluntarias, se garantiza el derecho de las personas con discapacidad “a la igualdad de oportunidades y de trato, de manera que las personas voluntarias con discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones respecto del resto de las personas voluntarias los derechos y deberes que les correspondan de acuerdo con esta Ley erradicando cualquier posible forma de discriminación”.

 

Previamente, en ese mismo artículo, la nueva ley dispone que el consentimiento para “la incorporación de las personas con discapacidad a la entidad de voluntariado, la información y formación y las actividades que se les encomienden se deberán llevar a cabo en formatos adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, siguiendo las pautas marcadas por los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles”.